No se sabe aún si el Congreso le dará su sanción al proyecto de ley de medios audiovisuales que impulsa el gobierno nacional, pero éste ya logró lo que ningún otro en casi tres décadas de vigencia constitucional: que la sociedad en su conjunto debata un punto capital para todo régimen republicano, la libertad de expresión y el derecho de todas y todos a informar y estar informados.

Sus esfuerzos por llevar a juicio a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura militar, los realizados en forma todavía inconclusa e insuficiente para mejor la calidad de vida de los argentinos y los vinculados a la cuestión que abordamos en esta edición de APM – sus intentos por la democratización de la palabra y la imagen-, son los mejores logros de la gestión que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien intenta darle continuidad a la política de Estado de su antecesor y marido, Néstor Kirchner, pese al cúmulo de dificultades, limitaciones propias, y a la sistemática oposición de los sectores más retrógrados de la sociedad.

Faltan días y debates para saber si por fin el Senado completará la labor iniciada en Diputados, para convertir en ley el nuevo marco regulatorio referido al otorgamiento y uso de licencias sobre el espacio radioeléctrico y televisivo. Sin embargo el gobierno, que recogió las iniciativas que por años impulsaron diferentes organizaciones y ciudadanos y ciudadanas democráticas, ya obtuvo una victoria de especial significado: hizo posible que la sociedad debatiese en distintos espacios, y contra los vientos manipuladores y descalificadores provenientes de los monopolios mediáticos y sus voceros políticos e institucionales, una cuestión crucial para toda democracia, el derecho a la información como capítulo de Derechos Humanos, tal cual es contemplado por la Convención de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional.

En sus distintos informes y estudios sobre coberturas periodísticas, como así también desde la actividad docente, el Observatorio de Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, viene subrayando la necesidad urgente de esa polémica y de poner en acto la ampliación irrestricta de los principies de libertad de prensa y expresión, toda vez que considera que los mismos son garantías constitucionales para todos y todas las que habitan suelo argentino, no solamente para titulares de medios y periodistas.

En las aulas de la universidad pública, en ámbitos académicos y en foros sociales y políticos, el Observatorio y el núcleo de especialistas que lo integran tratan asimismo de dar el debate ideológico en torno a la necesidad de un modelo teórico y metodológico que desenmascare el sigilo y la nocturnidad de las prácticas mediáticas hegemónicas, que encubren su parcialidades corporativas y políticas con discursos de supuesta “objetividad”.

Con distintos artículos, la presente edición APM aborda el derecho a la información en su aspecto jurídico, incluyendo un análisis sobre la importancia del perito forense especializado en comunicación; revisa la tan vapuleada cuestión sobre administración y otorgamiento de pautas publicitarias oficiales, y otros aspectos vitales para la materia.