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 La firma se dedica a la exploración y producción desde 1996 cuando capitalizó a YPFB. El Ministerio de Hidrocarburos informó que Chaco es la principal productora de GLP.
A 48 horas del referéndum para la aprobación o rechazo del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), el Gobierno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tomó control de la empresa petrolera Chaco por la fuerza y el presidente Evo Morales anunció nuevas nacionalizaciones si las compañías extranjeras no se someten a los intereses del país.
A través de un comunicado, la empresa anunció que defenderá sus intereses legítimos en todas las instancias, aunque ratificó su voluntad de mantener los esfuerzos tendentes a alinearlos con los del Estado boliviano.
El líder de Podemos, Jorge Quiroga Ramírez, señaló que el Gobierno nacionaliza por “quinta vez” a Chaco con fines estrictamente electorales. “Es un show, sólo faltaba doña Peque con su casco en los actos centrales”.
El analista Hugo del Granado coincidió con Quiroga en señalar lo llamativo que resulta este proceso a pocos días del referéndum.
El presidente Morales firmó ayer a las 11.00 en la planta gasífera de Carrasco, en la localidad de Entre Ríos, el Decreto Supremo 29877, por el cual el Estado se hace con el 50 por ciento del paquete accionario de la empresa que estaba en poder de Pan American Energy (PAE), subsidiaria argentina de la empresa inglesa British Petroleum. Esto luego de no haber llegado a ningún acuerdo para tener el control mayoritario de la compañía.
El 1 de mayo de 2008 y a través de los decretos 29541 y 29542, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pasó a controlar las empresa Transredes, Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB) y Entel y asumió la gestión y administración en forma compartida con la petrolera Andina. Desde entonces la estatal buscaba la acción denominada de “oro” para controlar Chaco, pero luego de varias negociaciones no logró que ésta cediera.
Durante el acto en el que se anunció la recuperación plena de esta compañía, el presidente Morales estuvo acompañado de los comandantes de las Fuerzas Armadas, Policía, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), de los pueblos indígenas y trabajadores petroleros.
Morales destacó que poco a poco el Estado recupera sus empresas y recursos naturales que fueron capitalizadas, aquéllas, y privatizados, éstos, durante la primera gestión del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997). Dijo que el proceso no es fácil luego de que en los últimos 20 años las administraciones de turno intentaran consolidar la subasta del patrimonio nacional. Agregó que para iniciar el proceso de industrialización se debe recuperar primero los recursos naturales del país. En ese marco, lamentó que algunas empresas petroleras no respeten las normas bolivianas, porque las que lo hagan serán bienvenidas y se les garantizarán sus inversiones. De lo contrario, advirtió que el Estado, con todo derecho, procederá a su nacionalización. “Quiero pedirles de manera pública a todas las empresas mucho respeto con el pueblo boliviano, respeto a las normas, si no, vamos a hacer respetar recuperando todas las acciones como estamos haciendo con la empresa Chaco”.
Empresas privadas aún controlan las firmas eléctricas Corani, Valle Hermoso y Guaracachi y las ferroviarias Andina y Oriental, que también fueron capitalizadas en los años 90.
Con la aprobación del Decreto 28999, el Estado, a través de la estatal petrolera, controlará el 99 por ciento del paquete accionario de Chaco. El 1 por ciento permanece en manos de accionistas minoritarios, entre ellos Carlson Dividend Facility S.A.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, informó que el decreto dispone que “se nacionaliza la totalidad bajo la titularidad de YPFB”, incluyendo “las sociedades afiliadas y subsidiarias” en la cuota respectiva. Además instruye al presidente de la estatal, Santos Ramírez, asumir el control de la compañía y ordena a los ejecutivos de Chaco que en representación de la argentina PAE administraban la compañía que dejen libre acceso al Libro de Accionistas y emitan la totalidad de las acciones de Amoco a YPFB. Si se incumple y hay resistencia, se abrirá un nuevo libro.
Según los estados financieros de la empresa publicados hasta el 30 de septiembre de 2008 en el Registro del Mercado de Valores, su patrimonio ascendía a 4.694.280 millones de bolivianos (663 millones de dólares) y los activos a 6.309,7 millones de bolivianos (891,2 millones de dólares). Las utilidades de la compañía hasta esa fecha alcanzaban a 481,7 millones de bolivianos (68 millones de dólares).
Chaco opera 15 campos: Bulo-Bulo, Carrasco, Carrasco FW, Humberto Suárez Roca, Kanata, Kanata FW, Kanata Norte, Los Cusis, Montecristo, Junín, Patujusal Oeste, Patujusal, San Roque, Santa Rosa W y Vuelta Grande. Su producción de crudo y condensado está en el orden de los 5.900 barriles por día (bpd), 5,18 millones de metros cúbicos por día (MMCD) de gas natural y 355 toneladas métricas de gas licuado de petróleo (GLP), de acuerdo con un reporte de YPFB difundido por ANF.
Es una de las que más líquidos aportan a las refinerías.
El ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, informó que la ex compañía capitalizada es la principal productora de GLP, pues suministra el 65 por ciento.
Pan American anuncia defensa y el Gobierno toma recaudos
En un comunicado oficial desde Buenos Aires, la argentina Pan American Energy anunció que “defenderá” sus intereses legítimos “en todas las instancias”, dando a conocer que por decreto supremo el Gobierno boliviano nacionalizó la participación accionaria que poseía en Chaco.
Aclara que desde mayo de 2006, cuando el Gobierno promulgó el decreto de nacionalización 28701, “mantuvo diálogos y negociaciones tendentes a alcanzar una justa valuación de su participación en Empresa Petrolera Chaco y una adecuada condición de su operación y de preservación de sus derechos”.
En ese marco, el diálogo “llevó a analizar opciones societarias innovadoras, que atendieran a la realidad social del país y a la necesidad de mantener y expandir la producción y reservas de hidrocarburos de Bolivia”. El comunicado añade que las conversaciones “alcanzaron niveles alentadores de consenso” y además “apuntaban a una fórmula de cooperación acorde con los objetivos estratégicos del Gobierno de Bolivia”. Agrega que “en todos estos años, PAE dio muestras de su compromiso con Bolivia y con la integración energética regional propiciada por su Gobierno. El esfuerzo inversor de Empresa Petrolera Chaco convirtió a la compañía en una pieza clave para el aumento en el suministro de gas natural para el mercado interno boliviano y para la exportación, especialmente hacia la República Argentina”.
El ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, indicó que legalmente Chaco ya fue nacionalizada en mayo de 2008 y que, debido a que no entregaba las acciones para que YPFB fuera el accionista mayoritario, se optó por tomar su control. Anunció que los ministros de Defensa, Walker San Miguel, y de Defensa Legal de la Recuperación de Empresas, Héctor Arce, serán los encargados de defender esta empresa del Estado boliviano ante cualquier dificultad que presenten las transnacionales. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos, en un comunicado, señaló: “Es lamentable que el Gobierno boliviano y los accionistas privados de la empresa Chaco S.A. no hayan llegado a un acuerdo referente a la venta de acciones en un contexto amigable”, y subraya “el aporte” que durante 12 años hizo la compañía al país. “Esperamos que el manejo técnico y administrativo logrado por la compañía no se vean afectados”.
Sin capacidad
El ex director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Téllez y el analista Hugo del Granado aseguraron que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no tiene capacidad técnica ni profesional para hacerse cargo de Chaco y que con su control sólo se perjudica la atracción de inversiones.
Según Téllez, la estatal petrolera está en manos de personal nada competente y eso puede poner en riesgo la provisión de carburantes en los siguientes meses porque escasean el diésel, la gasolina y el gas licuado de petróleo.
Lo mismo sucede, dijo, con el cumplimiento de los compromisos de exportación de gas natural a Argentina.
“Se han hecho cargo de Chaco, pero no hay gente que pueda hacer un manejo más o menos regular, es gente del MAS que ha tomado esto como botín político”. Del Granado señaló que la toma de las instalaciones de la empresa con fuerzas militares y policías es un castigo al capital privado y daña la imagen del país en el exterior. “Lo lamentable es que con estas señales sólo espantamos a los inversionistas, en un momento en que lo que más necesitamos es inversión. Existe una disminución preocupante de la producción, líquidos, y las refinerías están con capacidad ociosa”.
Cainco critica
Cainco lamentó que se nacionalice Chaco cuando la producción petrolera se cae.
Asegura que la acción contra la compañía es una pésima señal contra los inversionistas.
Responsabiliza al Gobierno de que se importe gasolina desde febrero por no haber negociado.
La iniciativa gubernamental sólo busca la ineficiente gestión en hidrocarburos.
YPFB no logra atraer los 1.000 millones de dólares comprometidos para el sector. |
