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 La mayoría de los coaccionados son ciudadanos de escasos recursos que viven de estas prestaciones estatales, por lo que este delito podría causar un gran efecto en las elecciones legislativas del próximo 14 de marzo.
Un informe preliminar presentado este lunes por la Misión Internacional de Observación Electoral en Colombia afirma algunos de los candidatos oficialistas al Congreso de Colombia coaccionan a los beneficiarios de subsidios del Gobierno para que voten por ellos en las elecciones legislativas del 14 de marzo a cambio de no perder esas ayudas. "Según lo señalaron líderes comunitarios y beneficiarios de programas sociales liderados por la Agencia Colombiana para la Acción Social, aspirantes a la Cámara y Senado han asistido a reuniones con los beneficiarios, donde se ha señalado que si no votan por ellos y por el Partido de la U (en el poder con Álvaro Uribe) , los subsidios que reciben del Presidente de la República, se acabarán", señala el informe. La Misión Internacional, integrada por diversas ONG más de siete países, entre ellos México, Canadá y Estados Unidos, visitó los departamentos de Córdoba, Antioquia (noroeste), Santander (noreste) y Valle del Cauca (suroeste), tras lo cual elaboraron un informe, presentado este lunes, sobre las condiciones de seguridad y transparencia que afronta Colombia de cara a los próximos comicios parlamentarios. La directora de la ONG con sede en México Programa de las Américas para el Centro de Política Internacional, Laura Carlsen, señaló que en las cuatro regiones que fueron visitadas por la Misión de Observación recabaron testimonios de las personas entrevistadas donde afirman que los candidatos de los partidos del Gobierno utilizan los subsidios para coaccionar el voto. "Llegan a los barrios pobres y le dicen a la gente que si no votan por el partido del Gobierno se puede acabar con los subsidios, y como muchos viven con estos subsidios, es una amenaza que no es justa y que tiene mucho impacto", dijo la experta. La Misión Internacional de Observación Electoral, expresó su preocupación por los asesinatos selectivos y la persecución de líderes comunitarios. El informe también denuncia que "al asesinato selectivo se ha sumado la desaparición forzada como una nueva modalidad, según afirman diversas fuentes, para no impactar las cifras de asesinatos que llevan las autoridades". De igual manera, se dio a conocer que existen otros delitos electorales que podrían afectar la jornada del 14 de marzo y los comicios presidenciales del 30 de mayo próximo. Voceros de la Misión Internacional advirtieron que estas son unas elecciones "riesgo latente" y afirmaron que "muchas prácticas se podrían repetir para las elecciones presidenciales". Ante la grave denuncia que hicieron estos expertos internacionales, el director de Acción Social, Diego Molano, respondió que "ninguna persona u organización puede prometer incluir o excluir a nadie de nuestros programas. Estos son gratuitos y el acceso de hace mediante procedimientos técnicos".
Sin embargo, Molano sí reconoció que se han hecho estas denuncias en Barbosa, Santander.
El director del programa gubernamental dijo que se reunirá con los integrantes de esta misión electoral para conocer más sobre las denuncias y poder tomar las decisiones necesarias y para explicar su versión sobre cómo es el manejo de estos programas.
Para la ONG, "resulta grave que no se identifique una distancia entre la figura presidencial y programas que buscan atender poblaciones desplazadas y vulnerables en el país". Piden también que se persiga el "testaferrato electoral", en el que estructuras políticas "seriamente cuestionadas" buscan perpetuarse "mediando el cambio de nombres de partidos o liderazgos familiares que si noson ilegales, llevan implícito un profundo sentido de ilegitimidad a un proceso democrático". El informe se dará a conocer completo el próximo 7 de marzo, junto con la recomendación a las autoridades colombianas de tomar medidas para salvaguardar un proceso electoral justo y democrático. teleSUR - Efe - El Tiempo - Semana / FC |
