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Con motivo de realizarse la disertación de la Jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Mendoza Dra. Aída Carlucci, se levantó el olor putrefacto que envuelve desde hace mucho tiempo, lamentablemente, a la administración de justicia Chaqueña. La cuestión no es de poca monta, es gravísima por las connotaciones que tiene su accionar en la vida institucional de la provincia, no solamente porque no vende confianza en sus fallos y manejos sino que todo lo que realiza esta impregnado con un manto de sospecha, lo que preocupa aún más a la mayoría de los profesionales del foro local, que en muchos casos prefieren llamarse a silencio para preservar su ámbito laboral.
El tufillo comiteril: El cuestionamiento que varias organizaciones ciudadanas, foros y chaqueños en general, de manera individual y/o colectiva, realizan a la justicia, inclusive existen varios pedidos de Juicios Políticos al respecto, uno de los reclamos, es la metodología que fue utilizada para la designación de los magistrados que hoy administran el máximo orden de justicia del Chaco, tres de ellos fueron funcionarios de Ángel Rozas, pero además uno en particular viene desempeñando cargos desde el Proceso Militar, otro, es la falta de esclarecimiento de los casos de corrupción planteados y sin resolución de las tres gestiones radicales.Todo estos hechos espesan el tufillo del mal funcionamiento del sistema, levantando interrogantes que suman preocupación en la ciudadanía, por ejemplo, ¿en que quedó la denuncia por enriquecimiento ilícito que le realizaran a Ángel Rozas?, ¿es cierto que suman 11 las causas por el mismo tema?, la sospecha de que “nunca se sabrá nada” de todo esto, es casi general, sumémosle lo de Carlos Urlich, Diputado Nacional que asumió la banca a pesar de la presentación formal de impugnación que le incoara la Diputada M.C. Cristina Rodríguez en el Juzgado Electoral Federal por el requerimiento penal que pesa sobre su cabeza por el caso de los 13 millones del fondo especial para construcción del Edificio Legislativo nunca resuelto y el recelo de impunidad crece día a día dándole valor agregado al desprestigio y la inseguridad jurídica. La carga política que recibió el Caso de la Contadora Elda Pertile, el vergonzoso apartamiento de la Jueza Cyntia Lotero de Wolman luego restituida en su cargo y el Caso Conde Olgado, además de los numerosos despidos por persecución política de empleados de carrera y de planta permanente que no coincidían con los intereses del Régimen Rozista, solo por citar algunos ejemplos del criterio comiteril con que se cometen injusticias que perduran en el tiempo destruyendo vidas en pleno proceso democrático, los tribunales ordinarios no tienen independencia, actúan bajo presión, y todo se debe consultar al Superior Tribunal de Justicia. Tierras Fiscales Días atrás el juzgado de la doctora Isabel Grillo sufrió un hecho que tiene características mafiosos o por lo menos de intimidación. Entraron violentando las puertas y revisaron con una sospechosa prolijidad los archivos del juzgado y hasta se dice que dejaron una misiva a la titular de dicho juzgado que rezaba: “te queremos mucho Isabel”, da la “casualidad” que este juzgado tiene la causa por ventas fraudulentas de tierras fiscales de la Provincia del Chaco durante el gobierno de La Alianza, ahora bien ¿Cómo puede ser que un juzgado que atiende una causa tan grave no tenga custodia policial? El caso de las tierras fiscales esta ligado a las pistas clandestinas, el trafico de drogas, y de mercaderías de contrabando, entre otros hechos de suma relevancia. El caso del patrimonio Histórico: Existe una causa que tiene el patrocinio letrado del Abogado Jorge Antonio Gait que debería ser de preocupación nacional, ya que el profesional del foro local plantea que los magistrados del Superior Tribunal de Justicia del Chaco son responsables de haber adquirido un predio que fue declarado Patrimonio Histórico , (quiere decir que está fuera del comercio) con títulos truchos, ¿Qué estado serio tiene este tipo de Jueces en el máximo poder que regule la conducta jurídica del estado y el Pueblo?, ¿Cuál es el criterio y el prestigio en el que apoyan sus fallos? Y por último ¿Qué confianza podemos tener en funcionarios que detentan este tipo de conducta?, que a pesar de los cuestionamientos siguen estando en funciones. Basta de Ghettos!! Un ghetto o gueto (del dialecto veneciano ghetto, fundición de hierro, por la fábrica alojada antiguamente en el barrio posteriormente reservado a los judíos) es un área separada para la vivienda de un determinado origen étnico, cultural o religioso, voluntaria o involuntariamente, en mayor o menor reclusión. El término se empleó, originalmente, para indicar las juderías; el uso se ha extendido hoy a cualquier área en la que la concentración de un determinado grupo social es excluyente.En determinados sectores del estado se puede apreciar desde hace muchísimo tiempo, verdaderos Ghettos, donde no entra nadie que no pertenezca al grupo, esto es lo que fortalece a las “corporaciones de poder”,la exclusividad con que operan y manejan los espacios administrativos y gubernamentales de la democracia. Uno de los desafío más importantes que enfrenta el activo Gobernador Capitanich es romper con los Ghettos enquistados en la estructura gubernamental y en los poderes del estado, que además de desvirtuar la gestión garantiza la estructura de corrupción que se organizó en los 12 años de régimen aliancista y que dejara un tétrico saldo de 470 mil pobres, 238 mil indigentes y 115 mil desocupados. Por Julio Molisano |