|
 Por Oscar J. Serrat (x) Un debate tan intenso y fragoroso como el generado por la sanción de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se perfila en el horizonte político argentino, si se confirman las versiones de que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández se propone enviar próximamente al Congreso un proyecto para derogar la actual ley de entidades financieras, otra rémora de la pasada dictadura militar.
Alejandro Rofman, integrante del prestigioso grupo de economistas de la Universidad de Buenos Aires que elaboró el denominado “Plan Fénix”, manifestó a MERCOSUR Noticias que “si no se deroga esa ley, no se podrá atacar el corazón del sistema financiero montado por José Alfredo Martínez de Hoz”, el Ministro de Economía del régimen de facto instaurado en 1976. Rofman sostiene que la ley vigente, sancionada en 1977, “dio origen a un profundo cambio en el sistema bancario argentino, al desvincularlo totalmente de la política económica nacional y dejarlo a merced de los dictados de la especulación financiera”. Agrega que el sistema impuesto por la dictadura desreguló la fijación de las tasas de interés en el mercado y concretó la total apertura a los flujos financieros externos , a lo que se sumó una política tributaria que eximió de impuestos a la renta financiera. “Una nueva ley tendrá que consagrar al sistema bancario como un servicio público, como un apoyo fundamental para el desarrollo de la economía nacional y por ende, estar estrechamente vinculado a las políticas globales que diseñe el Estado para un crecimiento económico con equidad social”, agrega Rofman, de filiación socialista. Una nueva ley de entidades financieras tendría que establecer una clara superintendencia del Banco Central sobre el sistema bancario, algo que no existe ahora plenamente. “El Banco Central no puede ahora fijar criterios de asignación de recursos crediticios, ni tasas de interés promocionales, o mecanismos para fijar beneficios especiales para los depositantes, según el tipo de actividad que realicen”, explica Rofman. Según el especialista, la legislación financiera imperante antes de la ley de 1977 provenía, en sus aspectos fundamentales, de los dos primeros gobiernos del ex presidente Juan D. Perón (1946/55) “y era en términos generales, satisfactoria”. “En tiempos de Perón”, recuerda, “los depósitos bancarios estaban nacionalizados. Es decir, si alguien abría una cuenta en un banco privado, ya fuera de ahorro o cuenta corriente, lo hacía por cuenta y orden del Banco Central, que era el que en última instancia se hacia responsable. El banco privado se limitaba a administrar la cuenta. Creo que habría que volver a ese sistema, en forma gradual, de manera de no generar un conflicto demasiado grande con el actual sistema financiero privado”. Rofman da por sentado que un proyecto gubernamental para reemplazar la actual ley de entidades financieras provocará reacciones muy duras de los sectores económicos afectados y de los grupos políticos de derecha y centroderecha que los apoyan, “algo parecido a lo que sucedió con la ley de servicios de comunicación audiovisual”. Estima también que las perspectivas de aprobar una nueva legislación financiera de signo progresista serán más complicadas a partir del 10 de diciembre, cuando se incorporarán los legisladores elegidos en junio. “Su espectro político será mucho más de derecha que el del actual Congreso”, afirma. Sin embargo el dirigente coooperativista y diputado electo Carlos Heller, integrante de un sector aliado al oficialista Frente para la Victoria, acaba de confirmar que una de sus primeras iniciativas en el futuro Congreso será proponer la sustitución de la ley de entidades financieras. Su proyecto, afirmó, cuya presentación se coordinará con el Gobierno, “estará centrado en el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas y en la construcción de viviendas. Se necesita la construcción de un amplio mercado de préstamo bancario. Es necesario democratizar el crédito para que llegue a todos los que lo necesitan, la cobertura debe ser universal, puesto que menos de la mitad de la población está hoy bancarizada y es preciso que el servicio financiero llegue a las localidades más pequeñas”. Heller, presidente del Banco Credicoop, el mayor emprendimiento financiero del movimiento cooperativista argentino, había declarado a MERCOSUR Noticias a fines del mes pasado que “la ley actual regula el funcionamiento de las entidades financieras. Nosotros aspiramos a redactar otra legislación que regule los derechos de los usuarios de los servicios financieros. En nuestra idea, los sujetos deben ser las Pymes y las personas, es decir aquellos que necesitan de los servicios financieros y no quien los presta”. También expresó que la futura legislación debería establecer claramente qué es lo que los bancos privados pueden hacer “y que todo aquello que no les está específicamente permitido, les estará vedado”.
(x) De la Redacción de MERCOSUR Noticias.
|
