Una trama de supuesta corrupción que sacude a España tiene ramificaciones en Miami (Estados Unidos de América), Colombia, Panamá y Brasil, según se desprende deL auto de detención emitido por Baltazar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España.
 
Uno de los 37 imputados es Guillermo Martínez Lluch, director en Miami de Bancaja, caja de ahorros de Valencia, Castellón y Alicante que se estableció en el sur de la Florida en 1998.
 
El Nuevo Herald intentó el lunes comunicarse con Martínez pero el banco no operó por ser día feriado.
 
En declaraciones a la prensa española, el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, dijo que el grupo mantiene toda la confianza en Martínez.
 
"El está tranquilo y nosotros estamos tranquilos'', dijo Olivas.
 
Entre los arrestados por cargos de cohecho y lavado de dinero en la obtención de contratos adjudicados por algunos ayuntamientos de Madrid mediante el pago de sobornos, según el documento, figura Francisco Correa Sánchez, identificado como el jefe de la operación.
 
Correa ordenaba el pago de dádivas a funcionarios públicos no sólo para obtener contratos, sino para evitar investigaciones, señala el auto de detención. Parte del dinero lo invirtió en propiedades inmobiliarias en Miami, agrega Garzón.
 
En Miami la organización invirtió en la construcción de tres edificios por valor de cuatro millones de euros, que obtuvo de un fondo inmobiliario creado en España.
 
Según el documento, que no ofrece mayores detalles, Correa perdió la inversión en los edificios de Miami por cuanto "no se los han escriturado''.
 
La semana pasada Olivas admitió que Correa mantuvo dos cuentas en la sucursal de Bancaja en Miami pero que fueron cerradas por el banco hace seis o siete meses.
 
Algunos analistas sostienen que la investigación podría estar manipulada por motivos políticos preelectorales y no confían en la independencia de Garzón, quien hace unos días se fue de caza con el ministro de Justicia.
 
"Como espectador de esta historia me resulta bochornoso la situación en la que se encuentra la política en España'', comentó Angel Vico, periodista español residenciado en Miami. "Es llamativo que a las puertas de las elecciones como la de Galicia y el País Vasco salten a la luz pública, desde medios sospechosos de no ser imparciales, este tipo de escándalos'', agregó.
 
Para los medios españoles el nombre de Correa no era desconocido. A Correa, de unos 50 años, se le veía con frecuencia en los predios del Partido Popular (PP).
 
En el 2003 Correa fue testigo del matrimonio de Ana Aznar Botella, la hija del ex presidente del gobierno español José María Aznar, con Alejandro Agag, ex ayudante del presidente que fue secretario general del Partido Popular Europeo.
 
Agag y Correa son amigos cercanos.
 
"Se recuerdan sus coches de alta cilindrada, su porte pinturero de cincuentón coqueto, chuleta [presumido] y campechano, su pelo y barba canosa'', señala un perfil de Correa en el diario "El País".
 
Mientras que otros subalternos trabajaban en las estrategias de ocultamiento de las operaciones financieras mediante testaferros y la apertura de cuentas en paraísos fiscales, la "función prioritaria'' de Correa era "la valoración de posibles negocios en distintos sectores'' así como ‘‘negociar de forma directa un proyecto de negocio y supervisar su ejecución en países (sic) como China, Arzebaiyán y Miami'', afirma Garzón.
 
Desde cuentas bancarias en Suiza y Miami la organización enviaba fondos a Colombia y Brasil para canalizar sus inversiones.
 
Garzón ordenó también la detención la esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, que fue administradora de Special Events, una de las empresas emblemáticas del conglomerado que controlaba su esposo.
 
Correa contaba con la ayuda de su hombre de confianza, Pablo Crespo Sabarís, quien fue encargado de negociar la posibilidad de participar en explotaciones petroleras como socio capitalista a través de una empresa "que actúa en Miami'', indica el documento.
 
Crespo fue secretario de organización del Partido Popular (PP) de Galicia. Siguiendo órdenes de Correa, Crespo adquirió cuatro apartamentos en un edificio colonial del casco histórico en Cartagena, Colombia.
 
También estaba a cargo de tramitar en forma fraudulenta la residencia de Correa en Panamá, aseguró Garzón.
 
La organización operaba 23 empresas, entre las cuales las más conocidas eran Special Events, Orange Market SL y Odiseas Servicios 2001 SL. Estas firmas estaban controladas por una estructura de corporaciones en el Reino Unido y los Países Bajos, en las que participaban sociedades creadas en paraísos fiscales, señala Garzón.
 
La superposición de sociedades era un mecanismo diseñado para el ocultamiento de la identidad de sus verdaderos gestores, señala la orden.
 
A través de Orange Market, filial de Special Events, Correa obtuvo varios contratos de la Generalitat y del PP valenciano. Alvaro Pérez Alonso, quien presidía Orange Market, también fue detenido por orden de Garzón junto con otros integrantes y ex integrantes del consejo de dirección de la empresa. Entre ellos se encontraba José Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de la petrolera Repsol.
 
La semana pasada el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, defendió la transparencia de las adjudicaciones que su gobierno autonómico hizo a Orange Market.
Además de Crespo, Correa utilizaba a su primo Antoine Sánchez, quien también fue arrestado la semana pasada, asegura la orden. El documento de arresto señala que el papel de Sánchez era instrumental y su participación fue a cambio de pagos y ofrecimientos de Correa, como cederle alguna participación en negocios de fibra óptica en Cuba y actividades turísticas en Colombia.
 
(x) Editado por el diario "El Nuevo Herald", de Miami, Florida, Estados Unidos de América.