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El gobernador aclaró que el esfuerzo del Gobierno es para beneficiar a los pequeños y medianos productores y no para enriquecer a abogados. Repudió manifestaciones de diputados y dirigentes agropecuarios empecinados en defenderlos.
El Poder Ejecutivo remitirá hoy a la Cámara de Diputados 1.048 carpetas correspondientes a productores deudores del Banco Nación, conforme a lo establecido con la ley 6141. Los documentos deberán ser analizados por la Unidad Ejecutora conformada por diputados de diversos bloques y partidos políticos. Otras 203 carpetas están en proceso de análisis visto la situación de gestión judicial donde el mayor beneficiario sería el abogado a través de los honorarios y no el pequeño o mediano productores como es intención del Gobierno. Se trata del convenio marco subscripto entre el Estado Provincial y el Banco Nación para que el Nuevo Banco del Chaco compre la cartera de deudores que dejó la crisis del 2001 y se reactive la producción local con mejores condiciones de financiamiento y crecimiento del pequeño y mediano productor. En total son 3.500 deudores. No obstante, el gobernador, Jorge Capitanich aclaró que sólo serán beneficiarios aquellos que cumplan con los requisitos específicos de la ley. Remarcó que el Gobierno Provincial no aceptará ni pagará honorarios judiciales que no sean coherentes y compatibles con la situación, en la que se está haciendo un enorme esfuerzo para aliviar las deudas y resolver el mayor problema que durante tantos años tuvo el pequeño y mediano productor chaqueño. “Mientras que hay muchos que solo quieren sacar provechos de la situación y enriquecer los bolsillos de los abogados. Por eso nos llama mucho la atención las movilizaciones y expresiones de algunos diputados y dirigentes agropecuarios que parecen estar empecinados de defender los honorarios de abogados, mientras que nosotros estamos abocados a defender a los productores y cumplir nuestro compromiso electoral”, expresó. Además señaló además que el art. 10 de la ley en cuestión aclara que tiene que haber una manifestación de conformidad por parte del deudor para que el proceso se lleve a cabo. Así, señaló, ante las manifestaciones de algunos diputados aliancistas, que está totalmente de acuerdo con las dudas de los productores ya que durante todos estos años no hubo un procedimiento claro y transparente respecto al valor real de la deuda. VIVIENDAS: AÑOS DE RETRASO Y ADJUDICACIÓN INCORRECTA QUE DERIVA EN COMERCIALIZACIÓN Otro tema que ocupa un lugar de importancia en la agenda del Ejecutivo Provincial es el ordenamiento territorial y el plan habitacional. Lo que más preocupa al gobernador es el retraso en construcción de viviendas con el que debe lidiar, retraso que ha llevado a que la demanda de hogares supere ampliamente la capacidad de oferta que el Estado Provincial puede ofrecer en el mejor de los casos y con todos los programas en marcha. Capitanich indicó que 25 mil hogares y 189 asentamientos no tienen títulos de propiedad de la tierra y viven en condiciones precarias, sin servicios y sin viviendas dignas. En lo que va del año, se han inaugurados 2 mil viviendas y se estima que en los primeros dos años de gestión, el Gobierno construirá 10 mil viviendas, marcando un nuevo récord histórico. Asimismo señaló que se necesita el apoyo para llevar a cabo el programa Chaco Barrio que pretende incorporar a 40 barrios dentro del Programa de Mejoramiento de Barrios, conjuntamente con el Gobierno Nacional y financiamiento internacional. “Aún cuando podamos en el mejor de los casos hacer 20 mil viviendas no alcanza, porque hay cerca de 48 mil inscriptos en el Instituto de Viviendas, la demanda supera ampliamente la capacidad de oferta por eso es necesario mucho énfasis maximizar el nivel de rendimiento de la inversión”, manifestó. Sin embargo el tema se agrava con la cantidad de operaciones comerciales con las viviendas públicas, lo cual constituye un grave delito, el de lucrar con una necesidad y un derecho. El gobernador indicó que se han descubierto una cantidad preocupante de operaciones de este tipo que saca a luz otro gran problema: el de la incorrecta asignación de la vivienda, ya que, si el propietario la usa como producto mercantil, es porque no la necesita y le está negado la posibilidad de vivienda digna a muchos otros chaqueños. “Esto es lo que hay que desterrar de manera urgente, por eso propiciamos una iniciativa legislativa para sancionar severamente la comercialización de viviendas, como así también las usurpaciones a territorios y propiedades privadas”, expresó.  |