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 La Paz, (ABI).- El directorio de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) determinó el miércoles anular el contrato firmado con Catler - Uniservice para la construcción de la planta de separación de gas licuado de petróleo en Río Grande, sudeste de Bolivia, salpicado de denuncias de corrupción y con irregularidades en el proceso de licitación y apostó a la construcción de la infraestructura hidrocarburífera.
"Los miembros del directorio han tomado la decisión de declarar la nulidad del proceso de contratación para la ejecución del proyecto de la planta de separación de Gas Licuado de Petróleo en Río Grande con la empresa Catler Uniservice", explicó Carlos Villegas, presidente interventor de YPFB.
También resolvió "autoriza dar continuidad al proyecto de construcción e instalación de la mencionada planta".
Villegas aseguró que el directorio de la estatal analizó un informe legal, en base del que se establecieron las irregularidades y anomalías detectadas en el proceso de contratación para la instalación de la planta, situación por la cual se determinó su nulidad.
El artículo primero de la Resolución de Directorio de la petrolera "declara la anulación del proceso de contratación para la ejecución del proyecto de la planta de extracción a instalarse en Río Grande, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, en mérito a no haber sido autorizada por el directorio de YPFB, tal como lo determina el artículo 9 inciso f) del estatuto de la petrolera".
Respecto al probable daño económico que generara la firma del contrato, el directorio en su artículo segundo "instruye al Presidente de YPFB, realizar acciones legales, administrativas, financieras y técnicas para evitar mayores daños económicos".
"Vamos a hacer todas las acciones a partir de mañana (jueves), vamos a implementar diferentes acciones y por otro lado está en curso el proceso penal que tiene la finalidad de evitar daños económicos al Estado", dijo Villegas.
Además, el Directorio respaldó al titular de YPFB para realizar las acciones legales asumidas contra de ex servidores públicos por la presunta comisión de delitos y suscripción de contratos lesivos al Estado.
El contrato YPFB-Catler Uniservice, firmado en 2008, sacó a la superficie densas anomalías después que un grupo de pistoleros matara a sangre fría al empresario Jorge O’Connor D’Arlach en una calle de La Paz, a fines de enero, luego de arrebatarle de las manos 450.000 dólares en efectivo, destinados a un cohecho para el entonces presidente de la petrolera Santos Ramírez, de acuerdo con las investigaciones policiales y del Ministerio Público.
Ramírez terminó tras de rejas, lo mismo que su asesora jurídica Esther Carmona y el contrato entró en fangosas aguas del esceptisimo.
El contrato para la construcción de la planta de licuables, por 86 millones de dólares, destapó una retahíla de irregularidades desde su configuración primaria hasta sus alcances.
O’Connor D’Arlach había contratado a empresas de EEUU y Argentina para la fabricación de las partes de la planta, por la que el Estado boliviano desembolsó ya 36 millones de dólares. |
