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La SICOM rechaza que el Estado tenga que ser un ente mudo (Por Roque González)* La Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (SICOM) considera saludable que los medios de comunicación, y sobre todo los diversos sectores ciudadanos, discutan y debatan de la manera más amplia posible acerca de la información pública del Estado, y dentro de ella la publicidad estatal. Esta discusión contribuye, sin duda, a la construcción y ampliación de espacios democráticos en el país. (Click en el título para leer artículo completo).
Ya pasó el tiempo en que la ciudadanía tenía que aceptar imposiciones y acciones del Estado sin ningún tipo de cuestionamientos, y en que no era posible un proceso de crítica racional sobre temas de interés nacional.
Es importante puntualizar, sin embargo, que el Estado, como administrador y responsable de la conducción de la sociedad nacional, tiene el derecho, la obligación y la responsabilidad de comunicar sus acciones para conocimiento de la ciudadanía y para rendir cuenta de sus actos. Como encargado de velar por el bien común, está obligado a comunicarse con los ciudadanos, contribuyentes, usuarios y mandantes por todos los medios lícitos que conduzcan al propósito final de administrar la sociedad nacional. Esto deviene de la razón de su existencia y está normado por las leyes.
Dado que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión (Art. 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)”, y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas , sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, es obligación del Estado, como custodio de los derechos de las personas, proporcionar toda la información que requieran los individuos y velar por la libertad de expresión, dentro de lo reglado por las leyes.
Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la responsabilidad que entraña para los medios de comunicación social y para quienes ejercen profesionalmente esas labores, el Estado debe minimizar las restricciones a la información y equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En estos términos se puede explicar la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios, que deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan, y el esfuerzo por desarrollar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas (Sentencia del 3 de marzo de 2009, parágrafo 106, caso caratulado Ríos vs. Venezuela)”.
De esto se desprende que el Estado está obligado a minimizar las restricciones a la información e impulsar el pluralismo informativo para proteger los derechos humanos de los que enfrentan el poder de los medios. Por tanto, es también deber del Estado desarrollar esfuerzos y poner las condiciones para la expresión equitativa de las ideas.
Si el Estado está obligado no solo a proporcionar información sino también a velar por el derecho humano de sus ciudadanos de la libertad de expresarse y de recibir información, es imprescindible la existencia de la información pública. La información pública entendida como la emisión de noticias, como la publicidad de avisos de interés, o campañas de educación, de salud, o servicios de divulgación de la actividad pública.
Es por eso que si se pretende coartar la libertad de expresión del Estado o acotarla por cualquier medio, se está atentando contra un derecho humano fundamental, entendiendo que el Estado representa el derecho del conglomerado de personas de un país. Por ello los ataques y cuestionamientos a la publicidad estatal que es realizada dentro de lo establecido por las normas deben tomarse como lo que son: meras opiniones que no tienen sustento lógico ni fundamentación legal ni ética.
En lo que respecta a la publicidad contratada hasta hoy por el Gobierno actual, que surgió de las urnas el 20 de abril de 2008, puede afirmarse categóricamente que nunca consistió en propaganda y la inversión realizada en la materia está muy lejos del derroche y el dispendio.
La publicidad emitida desde los organismos del Estado han sido campañas con un decidido sesgo educativo, encaminada a instaurar valores democráticos y republicanos, estimular comportamientos para la preservación de la salud, la promoción del desarrollo y la inversión productiva, el fortalecimiento de la autoestima del paraguayo para impulsar el cambio hacia mejores maneras de vivir.
En todas las piezas publicitarias se han desechado la exaltación del culto a la personalidad de las autoridades nacionales y la estimulación de valores contrarios a los que asume la Constitución Nacional.
En resumen, la SICOM rechaza que el Estado tenga que ser un ente mudo, sin voz propia en el concierto nacional, y reivindica el derecho y la responsabilidad que tiene como generador de la información que la ciudadanía se merece y exige de sus instituciones, como corresponde a la vida democrática republicana.
*Roque González es Viceministro de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (SICOM). |
