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 Este Comité Científico binacional tendrá 60 días para planificar trabajos concretos y otras 150 jornadas para efectuar proyectos del monitoreo integral del río. El trabajo de revisión forma parte de un acuerdo alcanzado el pasado 30 de julio entre los cancilleres de Uruguay, Luis Almagro, y de Argentina, Héctor Timerman, durante una reunión que sostuvieron en Montevideo, la capital uruguaya.
Este jueves se realizará la primera reunión del Comité Científico binacional uruguayo-argentino, el cual monitoreará el río Uruguay para determinar las implicaciones de las actividades de la planta papelera UPM en las aguas de esa arteria fluvial de administración compartida.
Este equipo de trabajo está integrado por dos expertos de cada nación, quienes tendrán 60 días para planificar trabajos concretos y otras 150 jornadas para efectuar proyectos del monitoreo integral del río.
Las directivas de este trabajo, que incluirá la papelera UPM (ex Botnia), surgieron de una reunión efectuada el pasado lunes en Montevideo, la capital uruguaya, entre los cancilleres Luis Almagro, de Uruguay, y Héctor Timerman, de Argentina.
Ese protocolo firmado por Almagro y Timerman se asienta sobre la base de los planteamientos formulados en dos reuniones anteriores que sosuvieron los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, yde Uruguay, José Pepe Mujica, en cada una de las capitales de ambas naciones suramericanas.
Entre las acciones que se realizarán dentro de la planta UPM, un punto que había generado desacuerdos durante la negociación del protocolo, la responsabilidad operativa queda a cargo de Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya (Dinama) mientras que el Comité creado tendrá la función de acompañante observador.
Además de esta planta, el monitoreo podrá realizarse a todos los establecimientos agrícolas, industriales y urbanos que vuelcan sus efluentes en el río Uruguay y la desembocadura del río Gualeguaychú (Argentina), afluente del primero.
La instalación de la papelera Botnia, llamada ahora UPM, en la localidad uruguaya de Fray Bentos, causó una demanda por parte de Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los altos niveles de contaminación ambiental que originaba la papelera al río Uruguay y la situación desembocó en un bloqueo froterizo por parte de ambientalistas argentinos que duró casi tres años.
El tribunal de La Haya consideró que no hay pruebas de que la papelera de capital finlandés contamine el medio ambiente, como denunció Argentina, pero dictaminó que el Gobierno uruguayo violó el tratado bilateral de administración del río Uruguay al autorizar la instalación de la planta en forma unilateral.
El primero de junio de este año la presidenta de Argentina, Cristina Fernández y su par uruguayo, José Mujica, iniciaron el dialogo que estableció las bases para este acuerdo de monitoreo
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