El 2009 fue un año de constantes tensiones políticas, militares y diplomáticas pero a la vez contó con una Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que avanza en la búsqueda de soluciones autónomas a los problemas regionales.

Las constantes disputas entre Ecuador, Colombia y Venezuela, la represión a la movilización de los pueblos indígenas en Perú, el golpe de Estado en Honduras y la utilización de las bases militares colombianas por parte de Estados Unidos son algunos de los hechos que configuran el panorama.

De frente a ese escenario, UNASUR logró poner en marcha este año el Consejo Sudamericano de Defensa (CSD), una de las propuestas más ambiciosas planteadas desde el inicio formal de la organización en mayo de 2008.

El Consejo Suramericano de Defensa celebró su primera reunión en marzo de 2009 y fijó entre los objetivos de su plan de acción la consolidación de Suramérica como una zona de paz, la construcción de una identidad suramericana de Defensa y la generación de consensos que fortalezcan la cooperación en el área.

Los acuerdos diplomáticos de las 12 naciones que conforman UNASUR contienen un compromiso sensible en materia de Defensa: articular en forma regional, lo que ya constituye un giro importante en la tradición latinoamericana toda vez que las decisiones en ese campo siempre fueron tomadas de manera individual.

En ese sentido, tópicos como el narcotráfico, concebidos históricamente en la región desde la óptica de Estados Unidos y el fallido Plan Colombia, pueden buscar salidas que respondan a las necesidades regionales y limiten la intervención extranjera.

Es necesario destacar que las reuniones de los jefes de Estado y de gobierno de UNASUR celebradas en agosto del presente año, en las que se prestó central atención al tema de las bases militares en Colombia, demostraron que a pesar de los polos ideológicos entre algunos de sus miembros, hay una evidente preocupación sobre la avanzada militarista de Estados Unidos sobre Latinoamérica.

Si bien durante esas cumbres no se logró más que silencio por parte del gobierno colombiano, cuando se le pidió explicar los alcances intervencionistas de las bases sobre la región, UNASUR, en su declaración final de Bariloche, reafirmó que ”la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y en consecuencia la paz y seguridad en la región”.

Este debate que continúa en el centro de las tensiones latinoamericanas suscitó la reciente reunión del Consejo Sudamericano Defensa, el 27 de noviembre en Quito, que tuvo como objeto fijar medidas de confianza mutuas, compromisos de respeto y no intervención entre los países miembros.

En esta última oportunidad, y a pesar de que la ausencia del ministro colombiano de defensa impidió una resolución final sobre las bases, se consensuó el convenio de Medidas de Fomento de la Confianza. El documento establece que los países miembros deberán garantizar que todo acuerdo de cooperación en Defensa que implique presencia de equipos, armamentos y personal de Estados de la región o extra regionales no serán utilizados en contra de ningún país.

Entre los mecanismos de confianza que se acordaron figuran la inviolabilidad de la soberanía territorial, la entrega por parte de cada país de un informe sobre sus gastos de Defensa, así como los presupuestos de los últimos cinco años de las fuerzas militares aplicados a la compra de armas.

El canciller ecuatoriano, Fander Falcón, habló de una “nueva doctrina de Seguridad en la región”, independiente y con el propósito de contar un área libre de bases militares extranjeras.

Si bien algunos detractores de UNASUR argumentan desconfianza en la misma por su corta trayectoria en la resolución de conflictos, es pertinente señalar algunos casos en los que ya ha actuado con eficacia: la comisión de UNASUR que permitió esclarecer la masacre de Pando, el año pasado en Bolivia, y el envío de una segunda Misión de Observación Electoral, que acompañó el proceso de Referéndum y Aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en enero de 2009, son algunos ejemplos.

No menos importante fue el inicio de las actividades de otro instituto de UNASUR, el Consejo de Salud Suramericano, que también realizó sus primeras reuniones durante 2009 y ratificó la supremacía de la salud pública sobre los intereses económicos y comerciales. Además se señaló como garantía en el contexto de la pandemia de influenza vivida este año, que los medicamentos, vacunas y equipos que se requieren para atender enfermedades de importancia en salud pública, deben considerarse bienes públicos globales.

También se establecieron los Consejos Suramericanos de Lucha contra el Narcotráfico; Infraestructura y Planeamiento; Desarrollo Social; y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con todos esos insumos, UNASUR enfrenta el reto de construir un sentido de bloque continental que exprese autonomía no sólo en el plano político y económico sino también en los aspectos sociales, culturales, ambientales y de infraestructura, lo que la convierte en un proyecto de integración de naturaleza abarcadora.

(*) Yira Plaza es colombiana y cumple una pasantía profesional y académica en la Redacción de APM.