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 El Índice de Precios al Consumidor registró un aumento anual de 17,8 por ciento, mientras que el salario de los empleados públicos se acrecentó desde el 30 al 50 por ciento según las diferentes demandas. El sector privado no se quedó atrás. El equilibrio en la distribución de los ingresos y la capacidad de compra de los chaqueños estuvieron garantizados a través de las medidas que el Gobierno puso en marcha con esa finalidad.
Según los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC), obtenidos por el sistema de medición que se utiliza desde hace más de dos décadas en la Provincia, entre enero y diciembre de 2008 se registró en la provincia un aumento del 17.8 por ciento, mientras que el salario básico de los empleados públicos, tanto activos como pasivos, se acrecentó desde el 30 hasta el 55 por ciento según lo demandaba cada sector para llegar a una equilibrada redistribución de los ingresos, uno de los primeros objetivos que cumplió el gobierno provincial como parte de su política de inclusión socio económica.
El ministro de Economía, Eduardo Aguilar, señaló que no es casual que el mayor aumento del IPC se registre en el primer semestre del año, descendiendo significativamente hacia los últimos meses del 2008: con las cifras en manos el Gobierno diseñó un agresivo plan de intervención estatal para contener los precios y defender el poder adquisitivo. Solamente en marzo, el desabastecimiento provocado por la protesta contra el aumento de las retenciones sobre la exportación por la rentabilidad extraordinaria de algunos productos primarios determinó una suba de precios del 5,1 por ciento en Resistencia.
El programa elaborado estratégicamente y aplicado paso a paso por el Ministerio de Economía estuvo basado en acuerdos con los supermercadistas y comerciantes para reducir hasta un 50 por ciento el precio de productos esenciales como pan, aceite, leche, cortes de carnes, otros alimentos de primera necesidad y garrafas de gas.
Un aspecto especial de esta política fue la negociación con los sectores que intervienen en la fijación de los precios, bajo la tesis de que unificando criterios y voluntades y valorando lo autóctono, el beneficio es mayor para todos los chaqueños. Así, se logró la integración de las Cadenas Cárnicas y Frutihortícolas a través de la unión de productores con comerciantes y distribuidores locales. Los primeros lograron aumentar la producción, mientras que los otros bajaron sus costos y aumentaron su rentabilidad. De esta manera en los últimos meses, Chaco fue la provincia con la inflación más baja del país.
Las medidas destinadas a la creación del empleo genuino también forman parte de esta política. Durante un año se crearon más de 8 mil empleos formales privados. La estrategia del Gobierno fue un fuerte plan de inversión pública que generó las condiciones necesarias para la radicación de industrias y estimula la inversión privada, fuente principal de empleo genuino y verdadero crecimiento socio económico.
EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DEFENDIÓ EL SALARIO
Los puntos principales de este programa de intervención estatal fueron producto de un minucioso análisis de la situación real y las posibilidades concretas de defender el poder adquisitivo. Según el ministro Aguilar la clave del éxito fue no salirse ni un milímetro del objetivo que fue siempre la protección de la economía de los chaqueños.
1. Canasta de 20 productos básicos a 80 pesos: Se firmó un acuerdo con los supermercadistas para que mantengan una lista de 20 productos de mayor consumo a un monto total de 80 pesos. La lista fue diseñada a través de un estudio socio económico y una encuesta de consumo. La canasta está vigente y lidera las ventas de los supermercados adheridos. La idea es que el consumidor pueda armar su propia canasta acorde a su economía. El bajo costo repercutió en los precios del resto de los productos de marcas reconocidas, que se vieron en la necesidad de disminuirlos para ganar competitividad. En total hay 77 Hipermercados, Supermercados y Autoservicios adheridos y 99 bocas de ventas distribuidas en la provincia.
2. Convenio con Panaderías: Se logró bajar el precio del pan a 4,75 pesos a través de la compra y venta de harina a bajo costo y provisión a panaderías a cambio de la disminución del precio.
3. Acuerdos con Supermercados para bajar hasta el 50 por ciento el precio del aceite mezcla y de soja, el arroz y los fideos, bajo la misma metodología anterior.
4. Acuerdo para reducir el precio de los cortes populares de carnes, frutas y verduras a través de la integración de las cadenas cárnicas y frutihortícolas.
5. Acuerdo de estabilidad del Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10, 12 y 15 kilos, con la Secretaría de Energía de la Nación.
6. Tarjetas magnéticas. Reemplazan la bolsa de mercaderías otorgada a los beneficiarios de los planes sociales con el objetivo de que el ciudadano pueda elegir dónde, cuándo y qué consumir. Logró no solo brindar transparencia, rapidez y eficacia en las entregas, sino que además fue utilizado como estímulo para la adhesión de los supermercados al resto de los convenios. Los comercios adheridos podrán aceptar las tarjetas. Hasta el momento se emitieron 38 mil de un total de 60 mil.
7. Control permanente de la continuidad y respeto de las medidas en los supermercados, panaderías y demás comercios adheridos desde el área de Defensa al Consumidor.
INTEGRACIÓN DE LAS CADENAS CÁRNICAS Y FRUTIHORTÍCOLAS:
LA PIEZA CLAVE PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La columna vertebral del plan que protegió la capacidad de compra fue la Integración de las Cadenas Cárnicas y Frutihortícolas, punto clave para el desarrollo de la producción y el consumo local. Se trata de la combinación de los sectores que conforman las cadenas desde la producción primaria, industrialización, distribución y comercialización hasta exportación, a fin de garantizar que el valor agregado por mano de obra chaqueña quede definitivamente para el Chaco.
Evidenciada la caducidad del modelo económico que reinó cómodamente por casi 20 años, en una provincia que sólo se dedicaba a producir la materia prima y venderla a precios irrisorios para luego comprar el producto industrializado por otras provincias regalándoles el valor agregado, el Gobierno planteó la necesidad de un cambio profundo en el modelo de acumulación de capitales.
La primera meta fue la valoración de la producción autóctona. De esta manera se comenzó a enlazar a productores locales con distribuidores mayoristas y comerciantes. Así, se logró aumentar la producción y rentabilidad de los primeros y disminuir los costos, tanto de los fletes como de los productos, manteniendo la calidad. La medida se tradujo en una reducción de más 40 por ciento del precio al consumidor y un significativo crecimiento de la economía local.
INVERSIÓN PÚBLICA Y CRECIMIENTO DEL EMPLEO
PRIVADO: MÁS DE 8 MIL PUESTOS FORMALES
La carta más fuerte del Gobierno Provincial durante el año fue la creación de más de 8 mil empleos privados formales directos, que generaron una fuerte repercusión sobre el empleo indirecto o subempleo, que creció en igual intensidad. Las previsiones se realizan sobre los datos del departamento de jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) en los primeros meses del año. El motor del plan fue la acentuación de la inversión pública como complementaria de la inversión privada, y la promoción de esta última, entendiéndola como principal fuente generadora de mano de obra y desarrollo provincial.
A través de la inversión pública en infraestructura, el Gobierno logró generar las condiciones suficientes para la radicación en suelo chaqueño de industrias nacionales e internacionales, que a su vez se proveerán de producción primaria local beneficiando a todos los sectores. El éxito de la estrategia fue tal que se agotó la capacidad de instalación en el parque industrial de Puerto Tirol y el Gobierno comenzó a planificar sedes en otros lugares del Chaco. Luego de más de una década de parálisis total, la Provincia logró despegar nuevamente su anhelo industrial.
Según el ministro de Economía, al margen del factor climático que es impredecible, el Chaco es la provincia con mayor potencial de desarrollo de agroindustrias del norte del país. Hay en cartera negociaciones para la radicación de más industrias textiles (además de las ya instaladas, por la producción algodonera) industrias frigoríficas y de biocombustibles (por la producción diversificada de oleaginosas) y hasta rubros como los tubos de PVC y polietileno, armado de vehículos y motos, que se sumaron al proyecto y demuestran confianza en los potenciales de mano de obra local y los incentivos del Gobierno. 
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